El pasado miércoles 9 de septiembre, el centro comercial Líder fue escenario del evento "Del anuncio a la ejecución: Venezuela en el nuevo eje energético con EEUU", un espacio de análisis sobre las implicaciones del histórico acuerdo energético firmado entre Venezuela y Estados Unidos entre el 29 y el 31 de agosto de 2026. El pacto contempla una inversión superior a los 100 mil millones de dólares destinada al desarrollo de 17 campos distribuidos en 8 bloques, a ejecutarse durante un período de 25 años. Especialistas coincidieron en que esta reactivación representa un cambio de paradigma para el sector, tras décadas marcadas por la estatización de la industria petrolera iniciada en 2001 y reformada en 2006.
Durante el encuentro, las abogadas Catherina Balasso y Anaís Montero explicaron los cambios estratégicos introducidos por la reforma de la Ley de Hidrocarburos, entre ellos la apertura a la participación privada en actividades primarias de exploración y extracción, la creación de mecanismos de arbitraje para la resolución de controversias, y nuevas condiciones fiscales que incluyen una regalía estatal de hasta 30%, un impuesto integrado de hidrocarburos de hasta 15% sobre ingresos brutos y exoneraciones del ISLR, entre otros beneficios. Las empresas mixtas, por su parte, mantienen una duración máxima de 25 años con posibilidad de prórroga de hasta 15 años adicionales, mientras que se habilitan nuevas figuras contractuales que amplían las opciones de inversión para el sector privado nacional y extranjero.
El panel también puso el foco en el Zulia, calificado como "el gigante energético" y cuna del petróleo venezolano, con un potencial estimado de 21.5 millones de barriles y 17 mil pozos disponibles para su reactivación. Voceros de la Cámara Petrolera de Venezuela y de la Cámara Petrolera del Zulia coincidieron en que la meta es recuperar en un plazo de 4 a 5 años una producción de 3 millones de barriles diarios, aunque advirtieron sobre el reto que representa la formación de capital humano técnico. Expertos como Carlos Borges y Leonardo Buniak cerraron el evento con un mensaje de cautela optimista: el acuerdo es una apuesta de capital de riesgo cuyo verdadero impacto dependerá de la capacidad del sector real de la economía venezolana para capturar entre el 30% y el 60% de esa inversión histórica.
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