El sorpresivo acuerdo bilateral anunciado el viernes 28 de agosto de 2026 marca un hito económico tras la destitución del expresidente Nicolás Maduro en enero. El pacto, firmado bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez, otorga a un consorcio privado y al gobierno estadounidense el desarrollo de 17 campos estratégicos que albergan unos 65.000 millones de barriles de reservas probadas, lo que representa aproximadamente el 21% de las reservas totales de la nación (estimadas en 303.000 millones de barriles). El andamiaje legal se asienta sobre un contrato comercial de 25 años, complementado por concesiones de arrendamiento de hasta 100 años, con el objetivo de alcanzar una meta de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios (bpd).
Venezuela recibirá una tarifa neta de 19 dólares por cada barril de crudo exportado a EE. UU. Tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, este ingreso equivale al 29,2% del precio bruto. Fiscalmente, el acuerdo establece el cobro de regalías mínimas del 16% y un impuesto sobre la renta del 34% para el desarrollo de ocho bloques inexplorados, buscando mitigar el debate sobre la baja recaudación efectiva que economistas comparan desfavorablemente con concesiones del gomecismo hace un siglo. Adicionalmente, el pacto proyecta atraer inversiones internacionales por más de 100.000 millones de dólares para reconstruir la infraestructura sectorial.
El statu quo de la producción venezolana es crítico. La extracción promedio oscila hoy entre 1,1 y 1,25 millones de bpd, apenas un tercio del máximo histórico de 3,5 millones alcanzado en 1998. El colapso obedece al severo deterioro de infraestructura superficial, inestabilidad eléctrica y escasez crónica de diluyentes para tratar el crudo extrapesado del Orinoco.
Macroeconómicamente, este acuerdo representa el único salvavidas fiscal para dinamizar la economía local. Los 209 mil millones de dólares proyectados en regalías e impuestos para los 25 años del tratado y el capital externo son cruciales ante la quiebra técnica de la estatal petrolera. En el papel, se ve como un negocio redondo para ambas partes, las empresas estadounidenses extraen petróleo y Venezuela recibe una gran cantidad de ingresos sin invertir demasiado, siendo una extracción de recursos que requiere de una inversión elevada no asumible dado el contexto económico del país. Sin embargo, la opacidad en las ventas, la poca transparencia de ambas partes con el contrato del acuerdo, y la inminente transición política en venezuela son elementos carentes cuya aclaración es vital para despejar la incertidumbre jurídica y la viabilidad a largo plazo de este proyecto.
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